Autoridades rosarinas de la Cámara Argentina de la Construcción le manifestaron al gobierno de Perotti su preocupación por la deuda que mantiene el Estado con las empresas desde julio del año pasado por 3.500 millones de pesos.
Además, advirtieron que la paralización de la mayorÃa de los proyectos impactó en el empleo. Hasta octubre, se perdieron cinco mil puestos y se espera que el número se acreciente cuando se reflejen los Ãndices de noviembre y diciembre cuando se profundizó la paralización de las obras.
"Prácticamente la obra pública está paralizada por la falta de pago y los proyectos que se continúan lo hacen a un ritmo muy lento y lo hace porque serÃa más oneroso paralizarlas", describió Rubén Llenas, presidente de Delegación Rosario de la CAC.
El dirigente sectorial explicó que las empresas no han podido cobrar los certificados desde julio del año pasado y "son trabajos que ya se le ha pagado al personal, a los proveedores y se han descontado cheques".
La situación que atraviesan las 60 constructoras de la provincia repercute indirectamente en un amplio abanico del engranaje productivo de Santa Fe y su consecuente impacto en el trabajo.
Por tal motivo, desde la Cámara salieron públicamente a pedirle al nuevo gobierno que al menos le presenten un plan de pago "para poder renegociar nuestras deudas con proveedores y bancos", solicitó Llenas y recordó que la mayorÃa de las firmas constructoras que operan en la provincia son pequeñas y medianas con poca espalda para sostener con recursos propios proyectos importantes.
"Lo más preocupante es que estamos a un paso de que se corte la cadena de pagos", indicaron desde la entidad y aunque reconocen que es una situación que Perotti hereda del gobierno anterior, se mostraron disconformes con la respuesta que les dio la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.
En la reunión que se llevó a cabo dÃas atrás, la funcionaria condicionó el cumplimiento de las obligaciones a la aprobación de la ley de emergencia económica: "de la cual no tenemos opinión ni queremos evaluar una cuestión que es netamente polÃtica pero lo que decimos es que el Estado tiene herramientas para poder pagar. Asà lo permite la legislación vigente", afirmó Llenas.
La gestión de Lifschitz llevó adelante un ambicioso plan de obras públicas. En 2017 se invirtió 18 mil millones de pesos y en 2019 más de 26 mil millones y en enero de ese año la obra pública ocupó 40.500 puestos de trabajo directos.
El problema surgió cuando la provincia dejó de percibir fondos de coparticipación por la baja del IVA, Ganancias y el Fondo Sojero, según indicaron a la Cámara funcionarios de la gestión anterior. Por eso, a partir de julio empezaron a haber inconvenientes con el pago de certificaciones.
Por ahora, el gobierno de Perotti no ha hecho público el plan de obras que tiene en carpeta para este año pero todo indica que se manejarán con absoluta prudencia aunque desde la misma Cámara consideraron que la deuda de 3500 millones de pesos para el presupuesto de Santa Fe no es un monto tan importante.
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